El presidente de la Diputación de Albacete, Santi Cabañero, ha participado en una nueva reunión telemática de la Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) encabezada por Francisco Reyes Martínez (máximo responsable de la Diputación Provincial de Jaén).
El encuentro ha comenzado con un sentido recuerdo a Charo Cordero, la presidenta de la Diputación de Cáceres que fallecía hace apenas tres meses y cuyo trabajo, como ha quedado patente en la sesión, ha dejado una huella firmemente marcada en el compromiso con el municipalismo y con el Reto Demográfico que el conjunto de integrantes de esta Comisión ha querido honrar.
Palabras de cariño hacia ella, y de bienvenida tanto a su sucesor al frente de la Casa Provincial cacereña (Carlos Carlos Rodríguez) como a la nueva presidenta de la Diputación de Huelva (Mª Eugenia Limón) en el arranque de una interesante reunión que ha contado con un protagonista de excepción: el secretario general para el Reto Demográfico del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España.
Francisco Boya Alós ha puesto de manifiesto que “las Diputaciones son las Administraciones de referencia cuando de Reto Demográfico se habla” y ha celebrado que España cuente con un instrumento gubernativo potente (como es la citada Secretaría General) que ponga acciones concretas sobre la mesa para abordarlo. Un reto que, ha afirmado, “encierra una enorme complejidad tras una constante pérdida de población en el medio rural que viene de muy atrás, dentro de un proceso muy largo que, para ser revertido, requerirá igualmente de una mirada larga y una ‘lluvia muy fina’, que vaya calando…”.
Aplaudiendo que, tras mucho trabajo, el Reto Demográfico esté ya plenamente presente en la agenda política del país, Boya ha señalado que la Estrategia elaborada (que ya ha completado todo su recorrido para aportaciones) permitirá dar los primeros pasos dentro del “ingente trabajo que nos depara en el futuro con el objetivo de mirar de formar especial a esos más de 6.000 municipios (8 de cada 10) que pierden población y que requerirán de una acción a acometer desde la colaboración (y donde la FEMP tiene y tendrá un papel vital), con el fin de que las políticas de Reto Demográfico, tengan el impacto deseado”.
Subrayando que su papel será, en todo momento, el de “impulsar siempre el acuerdo y ese marco necesario de colaboración que ha de darse entre los distintos ámbitos competenciales desde los que trabajar, y dirigir la primera mirada en todo momento a los alcaldes y las alcaldesas teniendo en cuenta la dificultad que conlleva la gestión local para intentar que no haya carencias en sus municipios”.
Incidiendo en que ese documento de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, junto a la Agenda que lo acompañará y lo dotará ya de cifras, permitirá obtener ya “una fotografía de cuáles van a ser las prioridades, las políticas y los recursos para afrontar la pérdida de población en los territorios”. En ese sentido, Boya también ha subrayado que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española impulsado por el Gobierno Central “debe ser una gran oportunidad para la reactivación local”, avanzando que en las próximas semanas se abrirán las primeras convocatorias que irán sobre todo, vinculadas a la eficiencia energética y las políticas de sostenibilidad. Por ello, ha insistido en que “es tiempo de afanarse en preparar proyectos que den respuesta a las necesidades que traslade la Administración Local” y que, una tras otra, se irán sucediendo muchas otras “líneas estratégicas muy claras” que, entre otras cuestiones, incidirán en el papel fundamental de las mujeres (y de los y las jóvenes) como garantía de futuro en un mundo rural muy masculinizado, y en materia de infraestructuras, capacidad de prestación de servicios, y oportunidades y emprendimiento capaces de retener talento y abrir nuevas posibilidades laborales en los territorios”, ha enumerado.
Las Diputaciones ponen en valor su papel para garantizar que los fondos europeos lleguen a todos los municipios, especialmente, los de menor tamaño
Además de para profundizar en las líneas fundamentales de la intervención del secretario general para el Reto Demográfico, la reunión de la Comisión de Diputaciones de la FEMP también ha servido para seguir compartiendo posturas y objetivos en torno al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española impulsado por el Gobierno Central.
Se trata de un Plan inspirado en la Agenda del Cambio, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y que movilizará de aquí a tres años la mitad de los fondos que corresponden a nuestro país mediante el instrumento ‘Next Generation UE’, formulado por la Unión Europea para contribuir a la recuperación social y económica tras la situación creada por la pandemia de la COVID-19.
Dicho Plan de Transformación inyectará a las cuentas públicas de España 72.000 millones de € mediante transferencias directas y otros 60.000 millones de € a ejecutar según lo previsto para los fondos estructurales y de inversión. Se estructura en torno a cuatro transformaciones consideradas estratégicas en la perseguida reactivación de la economía: la transición ecológica, la transformación digital, la igualdad de género y la cohesión social y territorial.
Reiterando que la pretensión es que “la financiación de las Entidades Locales llegue a las Entidades Locales”, esta nueva reunión de hoy, ha seguido la línea que se abordó en la sesión previa (celebrada a finales de octubre de 2020), poniéndose nuevamente de manifiesto lo conveniente de que se incluya a las Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares dentro de ese Plan, pudiendo ser así destinatarios y beneficiarios de parte de esos fondos europeos extraordinarios, al igual que lo serán as Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos.
Todo ello, como siempre ha venido insistiendo Cabañero en cuantos momentos ha tenido y tiene ocasión, de “garantizar que los recursos, tan necesarios como merecidos después de los esfuerzos realizados en este año tan complicado también para el municipalismo a la hora de hacer frente a las necesidades más apremiantes de los vecinos y vecinas a raíz de la pandemia de la COVID, llegan a todas localidades (especialmente, a las menores), porque todas han hecho y siguen haciendo importantes sacrificios para ayudar a su gente”.
Un objetivo que Cabañero (y el conjunto de la citada Comisión de la FEMP) insiste en que pasa por contar con los Gobiernos Provinciales: la herramienta que, de forma más eficaz y cercana, asiste a los más de 7.700 municipios de menos de 20.000 habitantes del país (83 de los 87 que conforman la provincia de Albacete), para los que una continua relación de solidaridad interterritorial resulta fundamental a la hora de hacer frente a los retos demográficos de la despoblación, el envejecimiento y la dispersión poblacional y que, como los que más, han puesto y pondrán todo de su parte en la lucha contra la crisis sanitaria, la económica y la social.
El fin es colaborar, mediante ese Instrumento Europeo de Recuperación (Next Generation EU), en los grandes objetivos que plantea: impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo, recuperar y reparar los daños de la crisis ocasionada por la pandemia del SARS-CoV-2, y – promover un proceso de transformación estructural mediante el impulso de la inversión pública y privada y el apoyo al tejido productivo, la aceleración de la doble transición ecológica y digital, y el refuerzo y aumento de la resiliencia y de la cohesión económica, social y territorial en el marco del mercado único europeo.
La Agenda Urbana Española sigue definiéndose
Además, durante la reunión de este miércoles, la Comisión también ha seguido ahondando en la información sobre el Plan de Recuperación y Resiliencia del MITMA (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana).
Sus objetivos son los de impulsar la implementación de la Agenda Urbana Española (y, de forma específica, la actividad de rehabilitación energética con una visión integral, tanto en entornos residenciales como en edificios públicos), como pieza clave en el cumplimiento de los compromisos europeos y nacionales en materia de energía, clima y digitalización y en la reactivación del sector de la construcción e inmobiliario, con el fin de alcanzar los objetivos de eficiencia energética y de reducción de emisiones.
Un componente que, como han planteado, se integra no sólo por líneas de inversión o ayudas, sino que incluye también distintas reformas estructurales asociadas a una serie de hitos o fechas que miden el grado de avance de las mismas, siendo la Comisión correspondiente la que evaluará que se cumplen esos hitos en los plazos establecidos, en base a lo que autorizará los desembolsos de dinero comprometidos.