El presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero, criticó el contenido de la "mal llamada" Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, por cuanto a su juicio supone "un afán de privatrizaciones de los servicios, al margen de conculcar la autonomía municipal". Cabañero realizó estas declaraciones instantes antes del comienzo de la jornada de la Escuela de Relaciones Laborales y Recursos Humanos del Campus de Albacete y del Aula de Estudios Laborales y de Seguridad Social que llevaba por nombre "Externalización y Reversión de Servicios en el Ámbito de Castilla-La Mancha", en la que aseguró que hay servicios públicos "que de por sí no pueden ser rentables económicamente, no solamente podemos medirlos por la rentabilidad económica porque, por ejemplo y por la economía de escala, es mucho más caro recoger las basuras en un municipio como Yeste con 135 núcleos de población que en una manzana de Albacete". "Pero eso no quiere decir que tengamos que dejar de prestar el servicio a esa población por ser más caro", detalló el presidente.
Santiago Cabañero añadió que "uno de los errrores que ha ocurrido es pensar que lo privado es mejor o más eficiente, o pensar en la mercantilización de los servicios públicos" y subrayó que "es por contra lo público lo que tiene que garantizar el servicio a los ciudadanos". Como ejemplo "de que desde lo público se puede prestar un buen servicio", expuso el presidente el funcionamiento del Consorcio Provincial de Servicios Sociales "que es una fórmula mancomunada entre administraciones desde la cual se presta un servicio fundamental como la atención social a las personas más desfavorecidas".
Cabañero finalizó afirmand que "es fácilmente demostrable que es posible prestar un servicio público de tanta calidad como el que se presta desde el sector privado y además de forma más barata".
Junto al presidente de la institución provincial, en la mesa de apertura de esta jornada estuvieron presentes el secretario provincial de Comisiones Obreras, Francisco de la Rosa; Joaquín Aparicio, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UCLM; María José Romero Rodenas, decana de la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de Albacete y Enrique Sánchez, director provincial de Hacienda y Administraciones Públicas.