La Diputación de Albacete ha celebrado este jueves su Pleno correspondiente al mes de septiembre, en el que la Corporación Provincial ha mostrado su unanimidad, en pro de los intereses de la institución y de la provincia, para no recurrir la sentencia judicial sobre la herencia Urrea, poniendo “punto y final” a un asunto que se ha dilatado en el tiempo desde 1968.
Agradeciendo a todos los Grupos Políticos su postura, el vicepresidente y portavoz del Equipo de Gobierno, Fran Valera, ha dado cuenta de la sentencia 378/2022 relativa a expediente de mandato testamentario de Doña Purificaicón Urrea (punto 10 del orden del día) y ha explicado que desde el Equipo de Gobierno presidido por Santi Cabañero se ha tomado, por consenso, esta decisión entendiendo que se trata de “lo más prudente y lo mejor para los intereses de la Diputación y de la provincia”, avanzando así en la resolución de una cuestión que se viene arrastrando desde hace más de cinco décadas.
Se trata de una actitud “cauta”, como el propio responsable provincial ha apuntado, aclarando que “a la hora de la generación de los intereses, cada vez que pasa un año de este procedimiento las arcas de Diputación se ven sensiblemente afectadas; por lo que entendemos que la situación más prudente, pensando en esos intereses, es poner punto y final a este asunto”.
Valera ha remarcado que el objetivo siempre ha sido velar por los intereses de la provincia, de la ciudadanía y de cada localidad, dejando claro que en ningún caso ha existido ‘mala fe’ por parte de la Diputación en la posesión de estos bienes. Tanto es así, que la diligente actuación que ésta ha realizado, ha hecho posible que cada millón de pesetas que recibió en 1968, se haya convertido en un millón de euros en la actualidad, únicamente teniendo en cuenta el valor de las fincas de rústica (valoradas entonces en 28 millones de pesetas y actualmente en 28 millones de euros).
En esta línea, ha explicado que la institución provincial dará cumplimiento a la Sentencia judicial desde el respeto y la transparencia que siempre ha demostrado, y trabajando, como lo viene haciendo para garantizar la prestación de servicios y la apuesta por la mejora de las instalaciones municipales, atendiendo las necesidades de nuestros pueblos.
“Ése es el primer fin de la Diputación y tendremos que conjugar ese fin de servicio público con el cumplimiento de la sentencia; por eso (en la fase de ejecución provisional de la sentencia de primera instancia), solicitamos el fraccionamiento del pago (11 millones de euros en concepto de rendimiento de las fincas rústicas) para poder preservar esa prestación de servicios”, ha detallado el vicepresidente, explicando, al mismo tiempo que la institución ya ha depositado un millón y medio de euros, conforme al fraccionamiento que solicitó al Juzgado, y la voluntad es depositar esa misma cuantía anualmente hasta alcanzar su cumplimiento.
Además, ha apuntado la importancia de ser vigilantes con la constitución de la Fundación y el ingreso de todos los bienes de la masa hereditaria en dicha Fundación. Una cuestión en la que han coincidido todos los diputados que han tomado la palabra por parte de cada uno del resto de Grupos Políticios de la Corporación Provincial, quienes han dejado claro que es fundamental “vigilar escrupulosamente” el cumplimiento del deseo de Doña Purificación Urrea.
Luz verde a la integración de la Diputación en la Fundación Democracia y Gobierno Local, con la presencia de Santi Cabañero en sus órganos de Gobierno
Con 22 puntos en el orden del día, en esta sesión plenaria también se ha dado luz verde a la integración de la Diputación de Albacete, como patrón institucional, en la Fundación Democracia y Gobierno Local, en cuyos órganos de Gobierno tendrá presencia el máximo responsable de la propia institución provincial, Santi Cabañero.
Una decisión con la que ésta sigue avanzando, ahora en red, para, poniendo en valor el papel imprescindible de los Gobiernos Locales, impulsar su calidad institucional y su liderazgo político, haciéndolos más eficientes para la ciudadanía en términos de prestación de servicios públicos, así como en sus relaciones con el resto de Administraciones, y reforzando su legitimidad democrática y la confianza ciudadana.
Todo ello, en el marco del trabajo que la Diputación ya viene realizando en defensa de los intereses de este territorio y de quienes lo habitan, así como en materia de apoyo y cooperación en su desarrollo económico y social.
De hecho, la finalidad de esta Fundación, constituida en 2002, es contribuir y dar soporte a todo tipo de actuaciones y de iniciativas para el conocimiento, el estudio, la difusión y el asesoramiento en materia de régimen local. Al mismo tiempo, ha sido concebida como lugar de encuentro y de intercambio en el que las diputaciones y los cabildos puedan poner en común sus experiencias y coordinar esfuerzos para favorecer el desarrollo de sus funciones de apoyo y asistencia a las entidades locales, instituciones que han contribuido a consolidar la democracia en nuestro país.
En este sentido, cabe apuntar que, en la actualidad, está integrada también por las Diputaciones de A Coruña, Alicante, Ávila, Badajoz, Barcelona, Burgos, Cáceres, Girona, Granada, Huesca, Jaén, León, Lleida, Lugo, Málaga, Ourense, Pontevedra, Segovia, Sevilla, Valencia, Valladolid, Zamora y Zaragoza, y por dos Cabildos Insulares, los de Gran Canaria y Tenerife.