Comisión gestora

Tras el resultado de las elecciones municipales celebradas el 12 de abril de 1931, en las que la coalición antimonárquica, pese a haber obtenido un número menor de concejales (22.150 frente a 5.575), había triunfado en las capitales más importantes, los partidos políticos republicanos y socialistas hicieron pública una nota en la que se atribuía a las elecciones valor de plebiscito, desfavorable a la Monarquía y favorable a la República, y en el que habían participado todas las clases sociales del País, entendiendo que las instituciones más altas del Estado, los órganos oficiales del Gobierno y los institutos armados debían someterse a la voluntad nacional.

Este hecho, unido a las presiones populares, provocó la abdicación de Alfonso XIII y la instalación del Comité Revolucionario en el Ministerio de la Gobernación, Comité que, poco después, se transformaría en el Gobierno Provisional de la II República presidido por D. Niceto Alcalá Zamora.

Entre las primeras disposiciones que este Gobierno Provisional hizo públicas se encuentra el Decreto (de fecha 21 de abril) por el que se disolvían los gobiernos de la administración local, disponiendo que, por parte de los Gobernadores Civiles de cada provincia, se procediese a nombrar comisiones gestoras que, con carácter interino, se hiciesen cargo de la administración de las diputaciones provinciales.

El Gobierno Civil elegía libremente de entre los concejales a los diputados de cada uno de los distritos electorales. Las competencias que tenían atribuidas eran las establecidas en el artículo 98 de la Ley Provincial de 1882, en sus apartados 3º, 4º y 5º. Estas funciones eran parte de las asignadas a la Comisión Provincial en la citada Ley, concretamente: la capacidad de resolver, sin consulta al Pleno, desde asuntos de urgencia o la suspensión de empleados hasta la gestión de los asuntos judiciales relacionados con la gestión provincial.

Refiriéndonos a la estructura social y política de Albacete durante estos primeros años de la República, es de señalar la aparición de las organizaciones patronales agropecuarias como reacción a la política agraria y laboral del Gobierno de Azaña. La conflictividad social se pone de manifiesto si consideramos que, durante todo el período de la República, el paro agrario alcanzó el 90% de la población activa del sector y que, solo en el año 1933, se contabilizaron nueve huelgas provocadas por esta causa.

Por otra parte, la distribución de fuerzas políticas primaba a los partidos de izquierdas, principalmente al socialista, cuya base electoral rondaba el 20%, mientras que la incidencia de anarquistas y comunistas era escasa.

La segunda fuerza política de la Provincia la constituían los partidos de centro – izquierda, sobre todo Izquierda Republicana, el cual pese a su reducido número de militantes, supo atraer el voto de las profesiones liberales y de la clase media no agraria.

El centro – derecha estaba representado por el Partido Radical, que aglutinaba a los pequeños propietarios agrarios. La derecha conservadora tenía dos alternativas: Acción Popular, más conservador, y el Partido Agrario, más liberal. Por su parte, la ultraderecha contaba con algunos militantes de Falange, reclutados principalmente entre los jóvenes.

Entre los años 1931 y 1933 los azañistas controlaron las instituciones provinciales: D, Arturo Cortés ocupó el cargo de Gobernador Civil; D. Virgilio Martínez Gutiérrez, la alcaldía de la Capital; y D. Enrique Navarro Esparcia, la Presidencia de la Diputación Provincial.