Consejo Provincial para Albacete

Eleazar Huerta permaneció en el cargo de presidente de la Diputación hasta la entrada en vigor del Decreto de 23 de diciembre de 1936, Gaceta de la República del 26, por el que se disolvían las Comisiones Gestoras y se creaban los Consejos Provinciales.
El citado texto legal regulaba la composición de los Consejos, la forma de elección de los mismos y sus competencias. En cuanto a la composición, ésta era decidida por la organizaciones provinciales de los partidos políticos que constituían el Frente Popular, así como los consejeros o delegados nombrados por las organizaciones sindicales UGT y CNT, y por la FAI.

La figura del Presidente de la Diputación desaparece tal y como había estado definida hasta este momento. En otras palabras, el Consejo no elige de entre sus miembros a un presidente, al margen del mayor o menor desarrollo de sus competencias privativas, sino a dos vicepresidentes y a un secretario. La presidencia real y efectiva es ejercida en cada provincia por el gobernador civil.

Los requisitos fijados para poder ser elegido consejero provincial eran dos: contar con una militancia mínima, desde el 1 de enero de 1936, y pertenecer a alguna de las organizaciones políticas citadas.

Las competencias atribuidas al Consejo son aquellas destinadas a regir, administrar y fomentar los intereses de la provincia. Para ello, el Gobierno de la República podía delegar todas las funciones que estimase pertinentes a este fin, siempre y cuando no afectasen al orden público, la censura de prensa y radio, y los derechos de asociación y manifestación.

El Consejo Provincial de Albacete se constituyó el 26 de marzo de 1937 bajo la presidencia del Gobernador Civil, D. Justo Martínez Amutio, nombrándose vicepresidentes a D. Vidal Ayala Francés, socialista, y a D. Serafín Aliaga Lledó, cenetista. El cargo de secretario fue ocupado por el comunista D. Teodoro Moreno Mas.

La Comisión Permanente quedó constituida el 27 de marzo de 1937 a propuesta de la CNT. Las funciones que se le delegaron fueron el nombramiento y sanción de funcionarios, la aprobación de cuentas, la concesión de autorizaciones para contraer matrimonio a los expósitos y concesión de dotes, la aprobación de cuentas de suministros y de los padrones de cédulas personales, etc…

Aquella Comisión Permanente se compuso de un Presidente, D. Serafín Aliaga; un vicepresidente, D. Vidal Ayala Francés; un consejero-secretario, D. Teodoro Moreno; y los siguientes vocales: D. Salvador García González (U.R.), D. Nicolás Muñoz Gil y D. Juan Diez Bonanza (F.A.I.).

Esta composición inicial sufrió algunas modificaciones tras la dimisión y reelección de nuevos consejeros en la sesión del 20 de abril del mismo año.Entre los acuerdos más interesantes adoptados por la Comisión, además de los relativos a obras públicas, urbanismo y beneficencia, pueden destacarse el de fecha 6 de diciembre, por el que se aprobó la emisión de moneda fraccionaria provincial: billetes de 0,25, de 0.50 y de 1 pesetas. La finalidad de esta emisión era facilitar el cambio entre las emitidas por los distintos Consejos Municipales. Para ello, éstos retirarían sus emisiones de la Depositaría Provincial a fin de irlas sustituyendo por moneda nacional.

Sin embargo, el debate de mayor trascendencia ideológica, donde se manifiestan las posturas de cada una de las organizaciones de Frente Popular, fue suscitado a raíz de la propuesta del Consejero de Hacienda, D. Juan Díaz Bonanza, de la F.A.I de asignar un sueldo a cada consejero de 500 pesetas. Esta propuesta fue rechazada por U.G.T, P.C.E, I.R y apoyada por C.N.T y J.S.U .