Comisión Provincial de Monumentos

Los procesos desamortizadores supusieron el abandono de numerosas obras de arte de las que el Estado hubo de hacerse cargo; con esta finalidad se crearon en cada provincia las comisiones de monumentos, formadas por individuos ilustrados e interesados en la conservación de antigüedades, poco a poco se fueron ampliando sus competencias abarcando el patrimonio inmueble y el arqueológico.

La primera Comisión se creó mediante la Ley de 29 de julio de 1835 con la función de auxiliar a los comisionados en la desamortización en las tareas de elegir, inventariar y almacenar los objetos de interés artístico y cultural.

Mediante Real Orden de 19 de diciembre de 1835 (Gaceta del viernes, 25), la Reina dispuso que los gobernadores civiles encomendasen a los correspondientes de la Academia de la Historia la recogida y custodia de los monumentos de los monasterios y casas religiosas suprimidas.

La Real Orden Circular de 27 de mayo de 1837 (Gaceta del día 28), relativa a los obstáculos que entorpecen los trabajos de clasificación y traslado de los objetos procedentes de los conventos suprimidos, hizo extensivas a todas las provincias de España las disposiciones que se habían dictado para las de Cuenca, Barcelona y Salamanca, entre otras. Para ello, se dispuso que los jefes políticos nombrasen en cada uno de los pueblos en los que existiesen conventos suprimidos comisiones encargadas de elaborar los inventarios procedentes de los conventos suprimidos, y que en todas las capitales de provincia existiese una Comisión Científica y Artística, presidida por un diputado provincial o concejal del ayuntamiento, formada por cinco personas también designadas por el Jefe Político. El trabajo de esta última comisión era la creación de un inventario general, en el que se especificaran las obras que deberían ser conservadas y, en consecuencia, trasladadas a la capital.

El Decreto de 29 de julio de 1837, Gaceta del día 4 de agosto, ordenó la supresión y cierre de todas las casas religiosas y monasterios que no contasen, al menos, con doce religiosas profesas, o que estuviesen dedicados a un fin social, centros docentes u hospitalarios. En su artículo 25 se exponía que el Gobierno «aplicaría a los archivos, cuadros, libros y demás objetos pertenecientes a ciencias y artes a las bibliotecas provinciales, museos, academias y demás establecimientos de instrucción pública». La norma establecía un plazo de dos meses para que por los Jefes Políticos se remetiesen al ministerio la relación de obras que debían ser conservadas y aquellas que se destinarían a la venta pública.
Los apuros económicos del Gobierno de la Regente durante la primera Guerra Carlista motivó la promulgación de un nuevo decreto, de fecha 9 de octubre de 1837, en el que se insistía en la creación de las comisiones para la remisión del inventario general; en esta norma la comisión quedaba constituida por el Intendente, dos diputados provinciales; un eclesiástico nombrado por la diócesis y dos ciudadanos nombrados por la Diputación provincial. Ni que decir tiene que el objeto final era la venta de los bienes para atender a los gastos de la guerra, con la excepción marcada en el artículo 6º; es decir, aquellos que a juicio de la Diputación Provincial tuviesen un mérito artístico reconocido o fuesen objeto de devoción predilecta.