La Vida política en Albacete durante la Dictadura de Primo de Rivera. 1923 1930. Por Manuel Requena Gallego, artículo publicado en Boletín de Información «Cultural Albacete», junio de 1989 (número 34)
La Dictadura de Primo de Rivera es uno de los períodos más desatendido por la historiografía española. Aunque, últimamente, esta penuria ha comenzado a solventarse con la aparición de estudios monográficos que posiblemente estimulen nuevos trabajos. Mucho más desolado es el conocimiento del panorama provincial sobre el acontecer histórico entre 1923-1930.
Únicamente encontramos algunas referencias en las obras de Francisco del Campo Aguilar, Albacete Contemporáneo (1925-1958) y Francisco Fuster y otros, Historia de Albacete y su Caja de Ahorros (1833-1985). A cubrir una parte de este vacío va encaminado este ensayo, el cual, ante la amplitud del tema, lo vamos a centrar en el análisis del ámbito político, dejando para otra ocasión la situación económica y social.
El régimen instaurado después del golpe de Estado supuso la ruptura con el sistema de la Restauración, ocasionando un cambio importante en la vida política e institucional. ¿Cómo se concretó dicho cambio y cuáles fueron sus repercusiones en Albacete? A lo largo de las páginas siguientes pretendo responder a esta cuestión, acompañando las hipótesis expresadas con casos ilustrativos que, generalmente, se refieren a la capital. Esta exposición debería completarse con un estudio del ámbito rural que aportaría importantes matices a las ideas apuntadas, pero cuya tarea excede a este trabajo.
El presente ensayo pretende únicamente fijar el panorama del acontecer político en la provincia durante la Dictadura, donde enmarcar posteriores estudios locales y temáticos que vendrían a confirmar, matizar o desmentir algunas de las hipótesis aquí sostenidas.
El golpe de Estado de Primo de Rivera
El desprestigio del sistema canovista, las implicaciones de la guerra de Marruecos y el descontento de la patronal por la desacertada política económica de los últimos gobiernos parlamentarios y por la conflictividad social, contribuyeron a que un sector del ejército decidiera intervenir nuevamente en la vida política española para rectificar su rumbo. El brazo ejecutor fue Miguel Primo de Rivera, quien daba el golpe de Estado en Barcelona el 13 de septiembre de 1923.
¿Cómo reaccionó la sociedad albacetense? Los sectores propietarios se sumaron rápidamente al dictador; la prensa no manifestó excesivo entusiasmo; las clases populares permanecieron apáticas, pues lo que acontecía en las alturas le resultaba ajeno; y la Unión General de Trabajadores no realizó acciones de protesta, siguiendo las directrices socialistas.
Las adhesiones se sucedieron durante la semana después del golpe. Los Ochando, propietarios agrarios de ideología liberal, vinculados al ejército y «amos» del distrito de Casas Ibáñez durante toda la Restauración, afirmaban en un artículo publicado en su semanario, La Voz del Distrito: «Bienvenido sea el nuevo régimen saludémosle, prescindamos de ridículas elegías democráticas». También se sumaron entre las entidades económicas y patronales, el Comité Provincial de Fomento y la Cámara Oficial de Comercio e Industria a través de sendos telegramas enviados a Primo de Rivera. Esta última ofreció «ponerse incondicionalmente al lado del Directorio Militar para llevar a efecto sin desmayos el programa de su manifiesto del 12 del actual, felicitándole por su rasgo de energía y pidiéndole persevere hasta conseguir la regeneración de España». El resto de la sociedad albacetense permaneció silenciosa. No hubo signos externos de desaprobación pero tampoco recibió apoyo popular. La prensa prefirió eludir el tema y, únicamente, El Diario de Albacete, de tendencia conservadora, declaró aceptar la situación como «un hecho consumado», consecuencia de los grandes errores del régimen anterior. En definitiva, fue la patronal y algún sector político los que apoyaron inicialmente la Dictadura. Del resto, solamente sabemos que no se alzaron en su contra, pero de esto no es correcto deducir, como lo han hecho hasta ahora algunos historiadores, que la recibieran con entusiasmo.
El Directorio llegaba con la pretensión de liberar a la patria de los «profesionales de la política» y restablecer el orden público. Con ese objetivo, suprimió la estructura electiva del sistema político de la Restauración (disolvió las Cortes, nombró Ayuntamientos y Diputaciones) y extendió el Somatén a toda España. Aunque había manifestado, en reiteradas ocasiones, su decidida voluntad de acabar con los nefastos políticos y el caciquismo, a la hora de reclutar personal civil en Albacete se vio obligado a recurrir a quienes directa o indirectamente, representaban los mismos grupos sociales o intereses que antes. Los sectores más colaboracionistas -mauristas y ciervistas- ingresaron en el Somatén y en Unión Patriótica. Los grupos agrarios prestaron una acción menos decidida que la burguesía industrial y comercial los cuales se comprometieron a fondo con primo de Rivera. A pesar de sus propósitos, «la Dictadura no cambiaba más que la devolución del poder político. El poder social de carácter oligárquico o caciquil (de clientelas), según donde se ejercía, escapaba totalmente a su fiscalización». Sin embargo, frenó el ascenso de los sindicatos obreros y logró estabilidad social.
Funcionamiento de las Instituciones provinciales
Entre las primeras medidas adoptadas estuvieron las destituciones de los gobernadores civiles y los Ayuntamientos, con la finalidad de colocar personal político más afín con el programa del Dictador. La premura en los cambios y la falta de coordinación ocasionaron un duro enfrentamiento verbal entre el representante del poder político y el del poder militar en la provincia. El gobernador civil, Manuel Torre, quizá esperaba contestación de Primo de Rivera sobre la admisión de su renuncia al puesto cuando llegó el gobernador militar, Manuel García Ibáñez con el telegrama del Capitán General de la Región donde se le ordenaba asumiera el cargo del Gobierno Civil, por lo cual le pedía su dimisión. Aunque aquél se negó, la decidida actitud de García Ibáñez le obligó a entregar el mando.
La mentalidad militar del responsable de la provincia, ahora denominado Gobernador cívico-militar, era poco adecuada para regir los destinos de ésta. Así lo reconoció el coetáneo Francisco del Campo quien calificó de «innegable ineptitud» la actuación de éstos. Carentes de flexibilidad y preparación, su gestión resultó insatisfactoria. Impusieron el cumplimiento estricto del Reglamento sobre saneamiento y orden público, incomodando a algunos sectores de la burguesía, sorprendidos por las innumerables multas a causa del incumplimiento de peso y calidad del pan, precios abusivos, juegos prohibidos, apertura de tabernas o salas de espectáculos fuera de horario, etc.
Pronto retornaron al anterior sistema al autorizar el nombramiento de gobernadores civiles (R.O. 12-4-1924), reglamentando sus funciones, un año después, en el Estatuto Provincial.
CUADRO 1
GOBERNADORES CIVILES 1924-1930
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NOMBRE |
NOMBRAMIENTO |
CESE |
|---|---|---|
| José Salas y Vaca | 21-6-1924 | 14-5-1925 |
| Alfonso de Lara y Mena | 14-5-1925 | 7-8-1926 |
| Vicente Rodríguez Carril | 7-8-1926 | 30-4-1928 |
| Alberto Valera Ferrer | 30-4-1928 | 15-5-1928 |
| Julio Álvarez-Guerra y Fernández | 20-6-1928 | 5-11-1928 |
| José Pérez y García-Argüelles | 5-11-1928 | 17-2-1930 |
Sorprende en un período tan estable los continuos cambios de gobernadores civiles. En cinco años y medio se sucedieron seis, lo cual supuso un promedio inferior a un año en el puesto. La permanencia no fue igual en todos los casos: tres se situaron alrededor de la media, uno por encima y dos por debajo (uno con cinco meses y otro con quince días). ¿Cuáles fueron las razones de tantos cambios? ¿Ineficacia de éstos, rectificaciones en el rumbo del Ministerio de Gobernación…? Por el momento no disponemos de respuesta sobre este punto, así como tampoco de datos sociológicos de las personalidades gubernativas.
La disolución de los ayuntamientos vino impuesta por Real Decreto del 30 de septiembre al considerarlos «semilla y fruto de la política partidista y caciquil» y ordenaba la elección de nuevos cargos entre los «vocales asociados». Este procedimiento permitió la presencia de republicanos en los consistorios de la capital, Almansa, Hellín…, y de socialistas en Almansa, Madrigueras y Tarazona. En la capital figuraban tres destacados republicanos: Cristóbal Valera, Alberto Ferrús y Manuel Alcázar. Este último presentó su renuncia en la primera sesión, argumentando su avanzada edad, las ocupaciones y «otras circunstancias de que aquí no es momento de mencionar ni tampoco podría ser permitido». Sin embargo, el Gobernador cívico-militar que presidía la sesión no lo aceptó. Pero lo más sorprendente fue la elección por trece votos del propio Manuel Alcázar como alcalde, y de los otros dos republicanos para los cargos de primer y segundo tenientes de alcalde. ¡Ironías de la vida! Más de cuarenta años luchando por conseguir una buena representación en el Ayuntamiento y cuando no lo sean se encuentran rigiéndolo.
El escaso ardor demostrado por muchos consistorios hacia el nuevo régimen puso de manifiesto lo desacertado del procedimiento utilizado en el nombramiento. Se decidió su destitución, concediendo el nombramiento a la autoridad gubernativa quien designó nuevos ayuntamientos en la provincia a comienzos de 1924. En la capital se realizó el 19 de marzo, recurriendo a personalidades provenientes de los proscritos partidos conservador, liberal y reformista y prescindiendo de los republicanos. Esta vez la alcaldía recayó en el reformista Miguel Panadero López. Habría que buscar las razones de por qué se prefirió a un republicano y a un reformista como alcaldes en lugar de elegir a personalidades liberales o conservadores. Tal vez con ello se tratara de debilitar el caciquismo.
Las presiones del Gobernador Civil sobre los componentes del consistorio municipal para conseguir su ingreso en Unión Patriótica llevó al alcalde reformista y a siete concejales a presentar la dimisión irrevocable el 29 de noviembre de 1924. Estos argumentaron que con ello pretendían facilitar la reorganización del Ayuntamiento dando entrada a miembros upetistas. Pero también significaba una negativa a colaborar con un régimen que pretendía perpetuarse y denotaba algunos síntomas fascistas. Con el nombramiento de nuevos ediles, Unión Patriótica lograba una mayoría cómoda que conservó hasta el final del período. No disponemos de noticias sobre si esta actitud opositora observada en la capital se mantuvo también en los pueblos o por el contrario se integraron en U.P. La consulta del libro de actas de los ayuntamientos completaría el panorama.
CUADRO 2
ALCALDES DE LA CAPITAL DURANTE LA DICTADURA
| NOMBRE | PARTIDO | PROFESIÓN | NOMBRAMIENTO | CESE |
|---|---|---|---|---|
| Manuel Alcázar González Zamorano | Republic. | Abogado | 1-10-1923 | 19-3-1924 |
| Miguel Panadero López- Guerrero | Reformista | Ag. neg. | 19-3-1924 | 29-11-1924 |
| Paulino Cuervas-Mons y Díaz de Q. | U.P. | Ingeniero | 9-12-1924 | 31-3-1927 |
| Manuel Falcó Reig | 11-4-1927 | 5-9-1927 | ||
| Dionisio Yáñez Sánchez | U.P. | Abogado | 11-10-1927 | 26-2-1930 |
Siglas: U.P. = Unión Patriótica; Ag. Neg. = Agente de negocios
La movilidad de los alcaldes de la capital (se sucedieron cinco en algo más de seis años) fue consecuencia de los cambios en la orientación dada a los ayuntamientos por el régimen y a cuestiones personales. Inicialmente, la reglamentación permitió el acceso a ellos de personas no adictas al régimen. Poco después se rectificó para facultar al Gobernador el nombramiento de nuevos concejales pero cuando apareció Unión Patriótica, la mitad no quiso incorporarse al partido y presentaron su renuncia, el cual, a partir de entonces, consiguió una confortable mayoría. A pesar de ello, asuntos personales ocasionaron nuevas dimisiones.
Entre los rasgos característicos de los alcaldes de la capital durante la Dictadura detectamos mayor presencia de abogados, tónica ya observada en períodos anteriores; escasa experiencia política, pues únicamente algunos habían sido anteriormente concejales; pertenecían a ideologías diferentes, aunque predominaban los de Unión Patriótica.
Tres meses después del golpe de Estado se decretó la disolución de las diputaciones provinciales por considerar que «muchas corruptelas» tienen franca cabida en éstas. De esta manera se culminaba el desmantelamiento de las instituciones controladas por el caciquismo. A partir de entonces, los diputados serían nombrados por el Gobernador Civil entre los «habitantes de la provincia de más de veinticinco años, que posean título profesional, sean mayores contribuyentes o desempeñen cargos directivos en las corporaciones representativas de intereses culturales, industriales y profesionales». La nueva Diputación designada por el Gobernador estuvo formada por veinte personas: trece de la capital y una por cada uno de los partidos judiciales restantes. Entre los escogidos predominaron los propietarios agrarios dentro del sector económico, y los médicos y abogados entre las profesiones liberales. Después de aprobado el Estatuto Provincial, se escogió una nueva Diputación con mayoría de personalidades de Unión Patriótica que conservaron la hegemonía y la presidencia de dicha institución hasta 1930.
CUADRO 3
PRESIDENTES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL
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NOMBRE |
PROFESIÓN | NOMBRAMIENTO | CESE |
|---|---|---|---|
| Leovigildo Ramírez Mondéjar | Abogado | 3-8-1923 | 20-3-1925 |
| Juan Antonio Ciller Guijarro | Ingeniero | 25-3-1925 | Sept. 1927 |
| Francisco Maestre y Gómez Medeviela (Conde de Salvatierra) | Abogado | 24-9-1927 | 20-1-1929 |
| Paulino Cuervas-Mons y Díaz de Quijano | Ingeniero | 24-1-1929 | Febr. 1930 |
Organizaciones al servicio de la Dictadura
El Somatén se hizo extensivo a todas las provincias españolas según el Decreto de 17 de septiembre de 1923, estructurándose en ocho regiones militares. Cumplía una función auxiliar de la policía para reforzar el control social. La provincia de Albacete quedó integrada en la III Región Militar junto a Valencia, Alicante, Almería y Murcia. Al mes siguiente se reunió la comisión organizadora presidida por el comandante Venancio Pérez Duelar, jefe de los somatenes de la provincia y con la asistencia de los civiles, José Mañas Guspi y Juan Alfaro Ciller, entre otros. En ella se establecía el proceso de difusión por la provincia. Ésta fue dividida en ocho zonas, según el esquema de los partidos judiciales con la inclusión de algunas modificaciones, permaneciendo al frente de cada una un cabo y un subcabo. Se expandió con mayor facilidad por los núcleos agrarios, pues en los pueblos la pertenencia a esta organización significaba una importante fuente de poder, cosa que no sucedía en las ciudades. En algunos lugares, cometieron abusos como el denunciado por el Alcalde de Nerpio en carta enviada al Gobernador Civil argumentando que con ello se impedía el ingreso de otras personas las cuales no deseaban «hacer causa común con individuos de antecedentes y cualidades como las expuestas, sería como renunciar a su dignidad asociándose a quien (sic), abusando de una autoridad que jamás debieron concederles, asalta las leyes y comete delitos que las mismas castigan».
Los componentes del Somatén de la capital acordaron en mayo de 1924 proceder a organizar y alistar por circunscripciones el mayor número de simpatizantes. Asimismo, se nombraron los cargos directivos, recurriendo a relevantes políticos liberales y conservadores: Juan López Jiménez como responsable local y para cada uno de los cinco distritos se eligieron a Jacinto Fernández Nieto, Jacobo Candel, Francisco Jiménez Sánchez, Paulino Cuervas y Heminio González. Su crecimiento no debió satisfacer a los dirigentes quienes en una reunión celebrada el 17 de abril de 1926 pidieron intensificar la incorporación de afiliados. Dicho crecimiento referido a la Tercera Región Militar queda reflejado en líneas generales en el paso de 11.252 afiliados en 1925 a 19.058 en 1928.
En abril de 1924 se creó Unión Patriótica, convirtiéndose rápidamente en un partido personalista formado por individuos atraídos más por las ventajas procedentes del Gobierno que por la ideología del Dictador. Su constitución fue confiada a los gobernadores civiles y delegados gubernativos. Sin embargo, la evolución derivó, en ocasiones, a perpetuar el caciquismo, según denunció el Gobernador, mostrando un decidido interés en impedirlo.
Ingresaron, preferentemente, destacadas personalidades ciervistas de la provincia como Gabriel Lodares, José Mañas, Juan García Mas y el Marqués de Montortal, aunque también intervinieron el conservador Rafael Aguado, los albistas Angel Yagüe y Balbino García Borunda. El comité de la capital se constituyó el 25 de septiembre de 1924, surgiendo otros posteriormente en los pueblos de la provincia de manera que, el 20 de junio de 1925, se pudo crear el Comité Provincial con representantes de todos los partidos judiciales. La presidencia estuvo ocupada en un primer momento, por el ciervista José Mañas Guspi, sucediéndose en 1927, Juan Martínez Parras. A tenor del lenguaje utilizado por sus dirigentes podemos constatar su carácter regeneracionista. Juan Martínez señaló: «Quiero también extender mi antiguo lema salud para el cuerpo y cultura para el alma a toda la provincia», concretando sus aspiraciones en «escuelas, aguas y vías de comunicación».
Cuando la Dictadura empezó a sufrir ataques desde la oposición, Unión Patriótica hizo un gran esfuerzo para intensificar su apoyo al régimen, con la celebración de mítines de afirmación patriótica y homenajes a Primo de Rivera, quien visitó la provincia de Albacete, en Septiembre de 1926. Durante la primera mitad de 1928 brindaron testimonio al Marqués de Estella y en Agosto, el jefe provincial recomendó a los alcaldes y jefes del partido rindiesen homenaje a aquél en los pueblos, para concluir el 9 de Septiembre en la capital y el 13 en Madrid.
El impacto de la Dictadura sobre las organizaciones políticas y sindicales.
La Dictadura paralizó la actividad de las fuerzas políticas y sindicales en la provincia, pero no logró un cambio significativo al fracasar su proyecto de partido único. Por eso cuando cayó el régimen, volvieron a surgir las mismas agrupaciones con la diferencia de que republicanos, socialistas y ugetistas reconstruyeron sus organizaciones con mayor rapidez que los monárquicos.
Los grupos de la «vieja política » perdieron en Albacete parte de sus miembros quienes, con una visión oportunistas, declararon su adhesión al nuevo régimen e ingresaron, algún tiempo después, en Unión Patriótica. El resto permaneció inactivo. Sin embargo mantuvieron las relaciones caciquiles de manera manera que cuando dimitió Primo de Rivera les fue posible restablecer sin dificultad las redes de influencia bajo las antiguas denominaciones políticas.
Los republicanos negaron su colaboración pero su escasa fuerza no les permitió desarrollar una postura opositora. Su actividad se redujo a la celebración de tertulias con la finalidad de mantener el espíritu republicano y hacer proselitismo. Arturo Cortés sostuvo contactos con los republicanos madrileños a través del albacetense Enrique Martí Jara. Éste lo invitó a formar parte, junto a José Giral y Azaña, para crear Acción Republicana (1925).
En 1929 participaron en la conspiración de Sánchez Guerra.
El trato a los partidos obreros fue dispar en consonancia con la actitud adoptada ante el golpe de Estado. Mientras se toleraba a los socialistas en compensación por no haber secundado el movimiento de protesta, se perseguía a comunistas y cenetistas. Aquéllos decidieron actuar dentro de la legalidad para salvar sus organizaciones y lograr mejorar las condiciones obreras. La Dictadura les permitió una movilidad controlada. La Casa del Pueblo de Almansa continuó abierta, albergando a las Juventudes Socialistas, al P.S.O.E. y a varias sociedades obreras. Las actividades propagandísticas, por lo general fueron prohibidas. De los actos programados en varios pueblos de la provincia en honor a Pablo Iglesias, sólo se autorizaron dos. El trato deferente otorgado a los socialistas les permitió conservar la organización y los cuadros directivos, sin embargo perdieron la mitad de los afiliados.
Los minúsculos grupos comunistas y anarquistas pasaron a la clandestinidad. Los primeros incrementaron su número, especialmente en la capital y Villamalea.
La inactividad sindical impuesta por Primo de Rivera contribuyó al descenso de las organizaciones laborales. El sindicalismo católico, que no recibió apoyo del Dictador, llevó una vida pasiva y perdió la mayoría de sus asociados. También la Unión General de Trabajadores se vio perjudicada aunque su descenso fue mucho menor. Bajó de 18 sociedades con 2.036 afiliados en 1922 a 12 con 1.007 asociados en abril de 1928.
Del Directorio Civil a la caída del Régimen
La sustitución del Directorio Militar por el Civil en diciembre de 1925 no significó un cambio importante en la política albacetense. Al constatarse el deseo de prolongar la Dictadura, republicanos y socialistas iniciaron una actitud más decididamente opositora al régimen. Por su parte, Primo de Rivera, con el fin de consolidarlo, anunció en verano de 1926 la convocatoria de un plebiscito a favor de la creación de una Asamblea Nacional Consultiva, llevado a cabo durante los días 10 al 13 de Septiembre y cuyo resultado le fue ampliamente favorable. La fiabilidad de los datos era dudosa pues bastaba simplemente con estampar la firma en unos pliegos existentes en los ayuntamientos. La provincia de Albacete fue una de las que alcanzó un mayor porcentaje de participación, ocupando el séptimo lugar a escala nacional. Se recogieron 120.022 firmas, entre una población de mayores de 25 años de 157.500 personas, lo cual suponía un apoyo del 76% del total. Un año tardó Alfonso XIII en firmar el decreto de convocatoria, pues significaba un paso institucional de ruptura con la Constitución de 1876. La Asamblea estuvo formada por unos 375 miembros. Se eligieron tres por cada provincia: uno por los municipios; otro por la provincia y otro por el partido. A éstos se añadirían sectores designados por el Gobierno. Representando a Albacete, fueron elegidos en Octubre de 1927, el jefe provincial de la Unión Patriótica. Juan Martínez Parra; el presidente de la Diputación, Francisco Maestre, Conde de Salvatierra de Álava y el concejal de la capital, Gabriel Lodares Lossa, por ochenta y cuatro votos de los compromisarios de los ayuntamientos de la provincia.
La oposición comenzó a movilizarse y los republicanos albacetenses colaboraron en el pronunciamiento de Enero de 1929, encabezado por el conservador José Sánchez Guerra. A Arturo Cortés y a un grupo de republicanos se les asignó servir de enlace entre el organizador del movimiento en Madrid, Miguel Villanueva, y José Moreno Galvache en Murcia, donde se esperaba la sublevación del regimiento de artillería. Aquél designó al general Queipo de Llano para ir hasta Murcia, cuya guarnición requería su presencia como condición para la insurrección. Queipo llegó el 26 por la tarde a Albacete y se identificó ante Arturo Cortés mostrándole unos signos cabalísticos que confirman el papel destacado que jugó la masonería en la trama golpista Madrid-Albacete-Murcia. Sabemos con certeza que los responsables en las distintas localidades eran masones: en Albacete estaban Arturo Cortés y Rodolfo Coloma; en Archena, el doctor Spreáfico; y en Murcia, José Moreno Galvache. Al general se le trasladó ese mismo día a la finca «La Cañada de Pajares», propiedad de Agustín Orovitg para evitar el riesgo de ser reconocido en la capital. Al día siguiente por la noche se reunió en la finca de Enrique Martí Jara con destacados republicanos.
El 28 fue trasladado en coche por Rodolfo Coloma y García Farga a Archena donde le esperaba el doctor Spréafico. Aquí se presentaron José Moreno Galvache y el capitán de artillería Ferrán para aconsejarle que se «volviese a Madrid; porque los comprometidos se volvían atrás al ver acercarse el momento». A pesar de ello, marchó a Murcia donde solamente un minúsculo grupo estaba decidido a sublevarse, fracasando el movimiento. La mayor parte de las guarniciones comprometidas desistieron del intento, a excepción de los artilleros de Ciudad Real, y el pronunciamiento fracasó. Los republicanos albacetenses Orovitg, Rodolfo Coloma, García Farga y Arturo Cortés fueron acusados de conspiradores y encarcelados, sometiéndoles a sumario militar.
La creciente oposición política, la crítica de los intelectuales, el movimiento de protesta estudiantil y el descontento de un sector del Ejército llevaron a Alfonso XIII a solicitar a Primo de Rivera su dimisión. Éste la presentó, cesando en el cargo el 28 de Enero de 1930, ahora se marchaba en el más solitario de los abandonos.