Sindicalismo agrario en la provincia de Albacete bajo el franquismo. Las Hermandades sindicales de labradores y ganaderos. Por Manuel Ortiz Heras, artículo publicado en Boletín de Información «Cultural Albacete», diciembre de 1989 (número 38)
INTRODUCCIÓN
El objetivo que se pretende con el siguiente ensayo es dar a conocer las prácticas con las que el régimen franquista se institucionalizó en aquellas regiones eminentemente agrícolas, como la nuestra, que carecían de canales políticos y sindicales a través de los cuales hacer patentes sus necesidades, que no fuesen los oficiales, es decir, la Falange como partido único y el sindicato vertical, en sus diferentes versiones.
Es preciso desmitificar el período de estudio en el que nos movemos, la dictadura del General Franco, porque su proximidad en el tiempo no debe coartar nuestras investigaciones. El hecho de que aparezcan nuevos e interesantes trabajos sobre el mismo junto con la difusión de documentación y fuentes para su estudio debe animar a investigadores y público en general a mirar el pasado más reciente sin desgarros ni apasionamientos mal entendidos.
A pesar de esta aclaración, no queremos sumarnos al carro de aquellos que pretenden legitimar las prácticas políticas, económicas, sociales, culturales… que se llevaron a cabo bajo estos cuarenta años porque forme parte de nuestra historia y haya que integrarlo sin más, por el paso del tiempo. Desde posiciones historiográficas y metodológicas innovadoras y científica, se pueden plantear hipótesis de trabajo que pretenden ser críticas y reivindicativas.
Debido a la naturaleza de ensayo del escrito, no pretendemos justificar nuestra aportación basándonos en la efectiva ausencia de bibliografía sobre el tema, tanto a nivel nacional como sobre todo regional y local. Para ello me remito a la lectura del trabajo que llevamos a cabo sobre las Hermandades, que constituyó mi memoria de licenciatura1.
Tenemos pues un objeto de estudio, las Hermandades de labradores y ganaderos, y un objetivo, reflejar el proyecto político del poder para el campo y la mentalidad de un pueblo, en teoría, articulado alrededor de estas organizaciones, que ha buscado su liberación en la huida, nunca en el enfrentamiento, individuo por individuo, con una importante falta de sentido social.
ALBACETE, PROVINCIA OLVIDADA
El carácter agrario de la población de Albacete y su provincia es algo indudable, que salta a la vista de cualquiera que maneje estadísticas o conozca un poco la realidad de nuestro entorno. Este es un dato que nos ayuda a comprender la importancia de esta institución, en el desarrollo de la vida cotidiana de esta fase cronológica.
Esta característica, agraria, se suma a los calificativos de joven, dispersa en pequeños núcleos de población, diezmada por los daños de una guerra civil que supuso un cierto castigo para nuestra región por haber estado con el gobierno legítimo de la República hasta el final de la contienda; eminentemente pobre y analfabeta, que buscó una salida tras la autarquía económica y política del primer franquismo, en la emigración ya que la agricultura con una estructura de la propiedad latifundista, donde el paro agrícola aumenta y el trabajo en estas faenas se hacía intermitente, no satisfacía sus necesidades.
De esta forma una provincia tradicionalmente desconocida por el poder, careció de respuestas estructurales que paliasen estos retrasos, que resalto en lo referente a aquellas cuestiones que parecen estar todavía de actualidad.
En 1975 el 34,5% de los hombre y el 34,6% de las mujeres cuyas edades oscilaban entre 15 y 70 años no había finalizado estudios primarios. Las Hermandades resaltan también en sus actas las carencias de viviendas, el mal estado de la salubridad pública y de las comunicaciones. Así en 1950 treinta y seis municipios carecían totalmente de agua potable; trece pueblos de más de 3.000 Ha. carecían, alrededor de 1960, de telégrafo y otros muchos no disponían de teléfono. Al menos, 28 proyectos ferroviarios teóricos han surcado más o menos la provincia de Albacete, sin que ni uno sólo de ellos esté en funcionamiento.
Albacete, forma parte de esas provincias que necesitan una reforma agraria, con otras bases diferentes a la intentada durante la II República, que hubiera facilitado la racionalización de las explotaciones. Tal vez la solución no pase por dar la propiedad de la tierra a los jornaleros, pero sí la seguridad de unas inversiones y sus beneficios. Se demostró durante la Guerra Civil, que incluso en esas circunstancias adversas, las colectivizaciones eran factibles y que las cooperativas eran necesarias para la protección de los intereses de los pequeños y medianos propietarios. Pero durante el franquismo, se produjeron acontecimientos que sirvieron para provocar, en la mentalidad de los agricultores, fuertes contradicciones que redundaron en contrarias reacciones a la constitución de cooperativas, muy controladas por el Estado, que temía rebrotes de «colectivismos».
Las propias autoridades locales de la época, no eran ajenas al conocimiento de la situación de marasmo por la que se atravesaba. Pero poco se hizo en nuestras tierras, a las que no afectaron las políticas indicativas ni el desarrollismo de otros sectores de la economía. En 1967, en un informe de la Organización Sindical se podía leer:
«Se da un bajo grado de desarrollo en nuestra provincia en lo que a agricultura se refiere, muy inferior a la media nacional.
Problemas y posibles soluciones:
1. Dimensión inadecuada y dispersión parcelaria de gran parte de las explotaciones.
2. Valor de la tierra excesivamente alto en relación al capital total de las explotaciones.
3. Escaso crédito procedente de la banca privada.
4. Inadaptación de la oferta a la demanda.
5. Insuficiente nivel tecnológico de las explotaciones.
6. Inexistencia de canales comerciales de los productos derivados de la ganadería.
7. Siendo la superficie forestal de la provincia de 638.200 Ha. es urgente la repoblación forestal»2.
LAS HERMANDADES, VERSIÓN AGRARIA DE LA ORGANIZACIÓN SINDICAL
El Nuevo Estado que resultará de la Guerra Civil, necesitó rápidamente institucionalizarse, y para ello requería la presencia de organizaciones de todo tipo. Los modelos a imitar, el alemán y el italiano, habían levantado estructuras políticas y sindicales claramente fascistas. Los intereses de clases que habían apoyado el «Alzamiento», temerosos de que el proceso de paulatina radicalización en el que había caído la Republica, les arrebatara el orden social, demandaban un engranaje que sirviera de control y, sobre todo, que restaurase el sistema político, y todo lo que ello implicaba, anterior al régimen político surgido de las elecciones de abril de 1931.
La manifestación más clara, en nuestro caso, es el montaje de unos sindicatos que «representan a los trabajadores y patronos», a los que, demagógicamente, se les atribuyen una serie de posibilidades, que lejos de servir para defender los intereses de los asalariados, serán utilizados como instrumento del poder, para controlarlos, adoctrinarlos y aplicar la política económica emanada de la oligarquía dominante.
El proyecto sindical vertical era mucho más ambicioso de lo que luego resultó. Quedó relegado a realizar «la política social», sin pretensiones de poder intervenir en la economía, y sin poder vertebrar todo el sistema económico y laboral, como en principio se pensó. No vamos a entrar en explicaciones que aclaren tal situación. Pero quizás el miedo, la represión y el ansia de control que dominaba a las élites de poder, impidieron que se realizasen sus objetivos.
Esto ayuda a comprender el porqué los medios intelectuales, tanto los oficiales como los no oficiales, hubieran ignorado, con intención o sin ella, el proceso de integración de los distintos grupos de intereses agrarios en las instituciones del sindicalismo vertical.
Esto dio lugar a la constitución de un gigante con pies de barro que fue perdiendo razón de ser, si alguna vez la tuvo, hasta convertirse en el reducto del régimen, con una ingente cantidad de personal a su servicio que se ha aglutinado en las instituciones democráticas por el carácter pactado de nuestra transición. Por todo ello, son precisos estudios e investigaciones que diluciden muchas de las claves que están en el núcleo explicativo de las peculiaridades seguidas por el proceso de democratización en la agricultura3.
La organización de la agricultura a nivel de sindicatos no surge espontáneamente en el período comprendido entre 1939 y 1975. España es el primer país en que aparece el sindicalismo agrario con formas específicas. Adopta, antes que ningún otro del mundo, una estructura sindical que clama por un estatuto contractual de su jornada de trabajo y de su salario.
El proceso legislativo del Nuevo Estado, truncó bruscamente una importante Transición Sindical. Ésta se remonta a la Ley de Asociaciones de 1887 y a la posterior de 8 de julio de 1898, que establecía la base legal para la constitución de comunidades de labradores. En enero de 1906 se establecen los sindicatos agrícolas, cuyo objetivo, por parte de los gobiernos de la Restauración, era neutralizar el movimiento obrero y campesino de tendencia socialista y anarquista de primeros de siglo.
El primer precedente inequívoco de la organización vertical del régimen franquista surgió con la Dictadura de Primo de Rivera, cuyo decreto trató de implantar una red de entidades, estableciendo corporaciones de trabajo rural y comités paritarios, que reunían a patronos y obreros bajo una autoridad política común. El artífice de esta política fue Eduardo Aunós desde el Ministerio de Trabajo.
A diferencia del sindicato vertical, el organigrama de Primo de Rivera respetó la situación a los sindicatos existentes, eliminando a aquellos que oponían una mayor resistencia. Así, por ejemplo, trató de conseguir la colaboración de un sindicato obrero, de gran afianzamiento, como la UGT, que, tras un largo debate interno, rechazó en 1929 esta «colaboración de clases», no participando en la asamblea nacional consultiva que el dictador quería reunir, dado el cariz que tomaba su política.
Durante el período republicano, ven la luz dos importantes leyes. La de Asociaciones de 8 de abril de 1932 y el Decreto de Creación de las Cámaras Oficiales Agrícolas de 28 de abril de 1933. Surgirán pues, los jurados mixtos, tan debatidos a lo largo de los años treinta, y cuya repercusión no ha sido lo suficientemente puesta de manifiesto.
La abolición de estos organismos vino con el Alzamiento de 1936. Aquéllos fueron suplantados por los grupos nacional-sindicalistas de Onésimo Redondo y de Ramiro Ledesma Ramos. Desde estos grupos se lanzaron las primeras consignas de redención del campo, que fructificaron, en un apoyo importante durante la guerra y posteriormente en la etapa de la autarquía. Su aislamiento, y el hecho de basar fundamentalmente su economía, en una agricultura poco desarrollada, que se apresuró con la contrarreforma agraria en lanzar la ideología de la soberanía del campesinado, le harán entender al sindicato como el instrumento que utilizar al servicio de los intereses del Estado.
En este contexto, y bajo la tesis doctrinal del rechazo de la lucha de clases sociales, por entenderlas como el argumento devastador de las izquierdas, nacen las Hermandades de Labradores y Ganaderos, como consecuencia de la unificación total del sindicalismo.
Desaparecieron, por obra de esta legislación, las dos vertientes tradicionales en que se dividían los sindicatos españoles. Los católicos, agrupados alrededor de la Confederación Nacional Católica Agraria, y los sindicatos socialistas y anarquistas, estos últimos de mayor importancia en nuestra provincia en nuestra provincia como demuestran las numerosas colectividades que se pusieron en marcha durante la Guerra Civil.
La importancia de estas organizaciones en nuestra geografía superó con creces a la de los propios partidos políticos, más preocupados por los grandes núcleos urbanos.
El sindicalismo amarillo o católico dejó una fuerte impronta en el diseño verticalista del franquismo: corporación obligatoria; limitación de las actividades sindicales a cuestiones puramente económicas y profesionales, sin admitirse otras finalidades; apoliticismo; subordinación de los principios económicos a los preceptos de la moral cristiana; defensa del régimen corporativo; constitución de cooperativas como ideal económico-social. Destacan pues, como líneas maestras dos constantes, que son autoritarismo y corporativismo.
Esta era la definición que el Fuero del Trabajo, en su Declaración XIII, daba del sindicato:
«El sindicato vertical es una corporación de Derecho Público, que se constituye por la integración en un organismo unitario de todos los elementos que consagran sus actividades al cumplimiento del proceso económico, dentro de un determinado servicio o rama de la producción, ordenado jerárquicamente, bajo la dirección del Estado».
La Organización vertical se apoyó en tres leyes fundamentales:
- Ley de Unidad Sindical de 26 de enero de 1940, que habla de tres principios a seguir: Unidad, Totalidad y Jerarquía, que entroncan con la configuración ideológica del franquismo basada en la tetralogía propiedad-familia-religión-orden.
- Ley de Bases de la Organización Sindical, de 6 de diciembre de 1940.
- Ley de Sindicatos agrícolas de 2 de septiembre de 1941, que deroga todo lo anterior a la formación del Nuevo Estado.
El 20 de abril de 1942 aparecerá la norma sobre «Hermandades sindicales de Labradores y Ganaderos», ya con una forma jurídica, al dividirse en capítulos y artículos. Posteriormente se ratifica su creación y en marzo de 1945 se da a conocer su reglamentación. Así quedarán encuadradas automáticamente todas y cada una de las diversas categorías sociales de la producción agrícola. Desaparece todo tipo de pluralismo sindical y no habrá más sindicalismo que el vertical, establecido desde arriba por el propio Estado.
Las ordenanzas de las Hermandades, redactadas desde Madrid para ser aprobadas en cada centro, sientan las bases de la unidad de intereses y del carácter estrictamente jerárquico, y vertical del sistema. Se erigen en representantes de los intereses económico-sociales del agro español y garantes de su disciplina.
Dividían a las Hermandades en tres tipos: locales, comarcales y provinciales. Con posterioridad, sólo las primeras se salvarán, siendo regidas por las Cámaras Agrarias Provinciales.
Así se contribuyó al afianzamiento del régimen, que no hubiera sido posible sin el control a que fue sometida la mano de obra asalariada por la nueva organización sindical.
Las funciones que asumían las «sindicales» o hermandades, eran sociales, económicas, asistenciales, comunales y asesora-colaboradora.
Competencias de orden social eran canalizar las consultas y peticiones de los asociados, ejercer la conciliación sindical, controlar los contratos de trabajo o controlar y administrar el paro obrero. Cuestiones todas ellas, que poco o nada se reflejaron en la realidad, ya que la propia estructura que las regía, entorpecía las iniciativas de los agricultores, que se reunían poco y no veían mejorar sus condiciones de trabajo, porque en última instancia, estos organismos carecían de fuerza para imponer condiciones a ningún propietario que, como veremos, serán quienes controlan directa o indirectamente su funcionamiento.
Como económico, se entendía la apreciación de sus remuneraciones y de la riqueza agrícola, luchar contra las plagas del campo y procurar las obras de riego; fomentar las enseñanzas agropecuarias y forestales; adquirir abonos, plantas, semillas, animales y elementos de trabajo…
Dentro de lo «asistencial», figuraba tutelar a las Cooperativas del Campo, desarrollar la Previsión Social, divulgar los beneficios del Crédito Agrícola; crear instituciones docentes que mejoren la instrucción y educación; apoyar la labor de Colonización además de renovar las antiguas ceremonias, usos y costumbres tradicionales de la localidad.
Entre las posibilidades que permitía la función comunal destacan la apertura y conservación de los caminos rurales; dirigir y organizar la Policía Rural o ejercer la administración de los cauces destinados a riegos y de los pastos y rastrojeras.
La misión asesora englobaba la confección de estadísticas, estudios o informes, y la colaboradora, actuar en las transacciones de productos agrícolas, ganaderos y forestales.
No faltaba pues, contenido formal a la institución, pero en la práctica todo quedaba en rígidas estructuras y declaraciones de intenciones. No en balde, Miguel Ángel Aparicio, interpreta el cuadro sindical como articulado en torno a una serie de funciones generales entre las que sobresalen, en primer término, la «social», es decir, la destinada a servir de cauce y encuadramiento a las relaciones laborales, y la complementaria de carácter asistencial, en cuanto prestación de una serie de servicios imprescindibles para lograr el cometido anterior4.
Tres grupos formaron el núcleo de la organización: familias campesinas, empresas agrícolas y productores independientes. En los dos primeros casos, la representación corre a cargo únicamente, de un miembro. En la práctica se primará el ser propietario o tener dinero para ser elegido, y los trabajadores sin tierra, o sectores del campesinado integrados por los pequeños propietarios, aparceros, etc., se encontrarán totalmente marginados, estando encuadrados y no afiliados, como se le supone a un sindicato democrático, de forma voluntaria. En ningún momento estas instituciones han sido utilizadas por el campesinado como la entidad representativa para la defensa de sus intereses, tal como era oficialmente reconocida.
Los órganos que componen cada hermandad son los siguientes:
La Asamblea Plenaria, es el elemento más importante. Lo componen todos los miembros activos y sus facultades son plenas, incluso por encima del Prohombre. Sus reuniones ordinarias eran dos veces al año, una en la fiesta del Patrono, en la que se aprueba la Memoria Anual de actividades y otra, en la que se renuevan los cargos y se aprueban los presupuestos. Está pues muy limitada ya que para que se pudieran reunir con carácter extraordinario, era preciso o la voluntad del Jefe, dos terceras partes de los miembros, o la del propio Delegado Sindical Provincial.
No se tratan temas conflictivos, no hay debates y todo se aprueba por la inmensa mayoría de los miembros. Se limitaban a aprobar presupuestos, memorias, proyectos, derramas, que previamente le había sometido el Cabildo y el Jefe o Prohombre. Las votaciones se efectuaban por papeleta firmada, de tal forma que era difícil escapar al control.
El Jefe de la Hermandad, interpretaba las ordenanzas, otorgaba poderes, ordenaba cobros y pagos, resolvía asuntos importantes y urgentes, daba posesión a los miembros del cabildo o los separaba o cesaba.
El cabildo sindical, órgano deliberante o consultivo, funcionaba con escasas atribuciones, puesto que entre sus competencias no se contempla, prácticamente, la posibilidad de ser también órgano ejecutivo.
El Secretario-Contador, elemento clave, representante directo de la organización sindical en el seno de la propia entidad, ya que era el único fijo de la plantilla gozando de un sueldo seguro. Controlaba todo el sistema ya que redactaba actas, tramitaba expedientes, convocaba al cabildo y a la asamblea, redactaba el presupuesto, llevaba la contabilidad… vigilaba a los empleados y funcionarios de la «sindical», en una labor de control, y podía sustituir al Jefe en casos de ausencia y desempeñar sus funciones por delegación.
Las Hermandades estaban divididas en tres secciones. La asistencial desaparecerá y de las otras dos, la económica era la de mayor peso específico, ya que agrupaba a los propietarios, quedando la social, en la que se encuadraban los trabajadores, para redactar informes de paro, emigración y ambiente de la población.
El Tribunal jurado es un caso más de órgano innecesario, que obedece simplemente a reforzar la función coactiva de las instituciones del franquismo. Las sanciones iban desde la amonestación privada, a la expulsión de la organización, pasando por multas de hasta mil pesetas. Rivalizó, en muchas ocasiones, con los tribunales ordinarios en intereses.
Por último figuran las Juntas de gobierno de los organismos incorporados y especiales de las H. S. Era algo simbólico que venía a dar constancia de la imbricación de todas las instituciones al servicio de la agricultura, pero en realidad, en la mayoría de los casos dificultaba sus competencias.
El sostenimiento económico de la organización sindical agraria, procedía de la cuota sindical agraria, que estaban obligados a pagar todos los miembros de la organización, de los arbitrios, tasas y las sanciones que impusiera.
Estos aparatos debían ser autosuficientes al financiarse por sí mismos, sin recibir ningún tipo de ayuda pública, a diferencia de lo que ocurre actualmente con las cámaras agrarias. El resultado era un presupuesto muy bajo, que permitía pocas posibilidades y abortaba cualquier iniciativa campesina y no precisamente por el carácter conservador de la población, sino por la descapitalización del sector, y la desprotección por parte de los diferentes gobiernos, lo que viene a reforzar la tesis de la finalidad con la que se concibieron muchas de las instituciones del Régimen5.
El panorama esbozado obedece a un funcionamiento general de las hermandades a través de los cuarenta años de existencia. Pero es indudable la mayor entidad de los primeros años del franquismo que representaban la elaboración y consolidación del Nuevo Estado. Posteriormente, se introdujeron innovaciones en su mayor parte demagógicas y retóricas que aparecían fruto de presiones interiores y exteriores para dar mayor legitimidad al sistema. Un ejemplo claro son las elecciones sindicales que se realizan de forma indirecta y con altos índices de participación, atribuibles más al control y la presión de la Organización que a la actitud favorable de la sociedad rural.
Vamos a tratar de dar una visión general, aun a riesgo de caer en simplificaciones, de la actuación de las «sindicales» en nuestra provincia, tocando algunos puntos concretos de especial relevancia.
Un aspecto de gran interés, por la dedicación y divulgación que se le dio, es el acceso a la propiedad de la tierra por parte de los campesinos. El objetivo era crear una masa de pequeños propietarios que apoyasen en todo momento al gobierno, aunque para mantener la propiedad se viesen obligados a multiplicar su trabajo, vender su propio esfuerzo o dedicar toda la familia a su atención. En este sentido se vendió como un éxito del sistema la cesión de numerosos huertos familiares que sirvieron para afianzar sus propósitos.
En Mahora 259 agricultores vieron extinguir sus contratos de aparcería al fallecer el usufructuario, D. Joaquín González-Conde y García. Los colonos pretendían comprar las tierras ya que se veían privados del trabajo, pero de los siete millones a que ascendía el valor de la compra, necesitaban la mitad en un préstamo que solicitaban al Director General del Instituto de Colonización. Las respuestas de los diferentes organismos interesados no dejaban lugar a dudas.
«Mi deseo sería cooperar en la resolución de dicho problema, pero en las actuales circunstancias económicas del Instituto, que resultan francamente insuficientes para atender a las obras de colonización en marcha de las grandes zonas regables, me veo en la imposibilidad de poder atender los problemas, como el de Mahora, de acceso a la propiedad»6.
Diego Ciller Montoya, desde la Cámara Oficial también lamentaba que:
«Ante la ingente labor que está realizando el Instituto Nacional de Colonización en los planes de Badajoz y Jaén y en las zonas regables, es difícil que la elasticidad de sus medios le permitan dedicar la atención que quisiera a la expropiación de fincas aisladas»7.
Otros pueblos que tuvieron problemas de este tipo y que no vieron llegar a buen término sus deseos, por citar algunos, son Alcaraz, con la finca «El Indiano», propiedad de la familia Flores; San Pedro en el que ciento cinco pequeños agricultores fueron desahuciados en al finca de «Las Almenas», propiedad de Diego Martínez del Peral y Sandoval, Marqués de Valdegerrero; Bonete donde se solicita la adquisición por el I.N.C. de dos fincas para su posterior venta a los aparceros, que estaban gravados por el importe de las hipotecas correspondientes…
Una cuestión de obligado tratamiento es el referente al agua de nuestras tierras. A pesar de nuestra riqueza en esta materia, la mayor parte de las obras realizadas se han llevado a cabo en beneficio de otras comunidades, dañando en muchos casos intereses provinciales. En Férez y Socovos se expropió a los campesinos que, en régimen de aparcería, cultivaban la Finca «Alcantarilla de Jover», ya que se iba a construir en ella el Pantano del Cenajo. Las tierras suponían la principal riqueza del pueblo, y la obra de detonante que hacía emigrar al 25% de la población obrera. Las compensaciones fueron insuficientes y ridículas, llegándose al traslado de unos pocos campesinos al pueblo de San Isidro de Albatera en Alicante, nuevo poblado de colonización.
Conflictos de este tipo, que se repitieron en Salobre, Caudete, Alpera… y con las diferentes Confederaciones Hidrográficas que nos afectaban, desde el Guadiana, hasta el Júcar y Segura, se daban por la escasa entidad de la representación en ellas de nuestros intereses, de reciente actualidad en el caso de las tierras bañadas por el Júcar, y por la nula actividad de las Hermandades en defensa de los intereses de sus encuadrados.
Otro tema paradigmático es el que hace referencia a los Salarios o Bases para los campesinos. La naturaleza de este sindicato vertical, impedía cualquier tipo de enfrentamiento entre patronos y trabajadores. Estos últimos fueron los grandes sacrificados, como lo demuestra el hecho de que, entre 1940 y 1951, se produjo una reducción sistemática de los salarios agrícolas. Este fue uno de los factores determinantes que propició el trasvase de capitales del sector primario de la economía a otros, para su inversión, privando así a regiones como la nuestra de financiaciones que repercutieron en otras zonas y sectores. Una vez más se utilizaba a la agricultura sin establecer compensaciones que paliasen, en alguna medida, desequilibrios estructurales y regionales, que todavía padecemos.
En un principio pocas actas hacen alusión a la cuestión de salarios ya que no contaban entre las directrices del verticalismo, más preocupados sus dirigentes por mitigar cualquier veleidad que por mejorar el nivel de vida de los agricultores.
Ya en los años cincuenta y en las jornadas de un congreso de Trabajadores, que reunía a Castilla La Nueva y Albacete, se pedía la supresión de los sistemas de zonas establecidas en las Reglamentaciones Nacionales de Trabajo, que suponían una desventaja entre las diversas provincias españolas. También se pedía la eliminación de los trabajos a destajo y el sistema de incentivos de rendimiento. Pero esto no impedía que la mayoría de las faenas agrícolas, se hiciesen con destajos, como una medida rentabilista de los patronos, sobre la que nada podía hacer una Hermandad ya que, además, se dictaban directrices desde organismos superiores para incentivar estas prácticas, el menos, en algunas faenas.
Las jornadas de trabajo se extendían mucho más de las ocho horas y las remuneraciones obtenidas, además de precarias dejan ver la diferencia entre hombres y mujeres y el consentimiento del trabajo de menores. Son todas condiciones que fueron superándose en el trabajo de las ciudades, en la industria y los servicios, pero que en el campo tardarán muchos más años en introducirse, resultado también de la escasa operatividad de una estructura sindical que impedía la oposición entre patronos y trabajadores.
Llaman la atención algunas normas que desde estos organismos se proclamaban:
«En aquellos casos en que se trabaje menos horas que la jornada tradicional de sol a sol (10 horas), deberá reducirse proporcionalmente el salario…»8.
En Villapalacios en 1962 se pagaban 60 pesetas el jornal de los hombres, 45 pesetas las mujeres y los varones comprendidos entre 16 y 18 años. En Ossa de Montiel las bases para la recolección se establecen en 125 pesetas los hombres y 110 las mujeres dando el mismo rendimiento, o de lo contrario debían ayudarles sus maridos hasta cumplir con lo estipulado.
Por último quisiera reflejar, en datos como el personal político y sus condiciones, cuestiones referentes a la ideología que impregna esta institución. En principio el personal que formará parte de las estructuras de las hermandades será, en su mayoría, de extracción falangista. Al menos esto se cumple para todos los que ocupaban un cargo de presidente, secretario, jefe de sección o vocales más representativos.
Además grandes propietarios y profesionales liberales, como abogados, médicos… son quienes dominan y controlan la actividad de las «sindicales», aunque también se da el caso de que actúen, por delegación de ellos y en su nombre, algunos trabajadores que serán capataces, encargados… es decir, empleados suyos.
Para cualquier nombramiento era rigurosamente necesario el informe político-social de los futuros mandos. El día 24 de enero de 1943, se constituyó la Hermandad Sindical Provincial, compuesta por:
- Prohombre, Manuel Lodares Alfaro.
- Secretario-contador, Vicente de la Torre Parras.
- Jefe de la sección social y de sus departamentos, Miguel Sánchez Garví.
- Jefe de la sección económica y depositario, Juan Antonio Ciller Ochando.
- Jefe de la sección asistencial, Félix Cantó Albuger.
- Jefe del grupo de cereales, Jacinto Colmenero García.
- Jefe del grupo de frutos y productos hortícolas, Agustín Barberá Tortosa.
- Jefe del grupo del olivo, Gabriel Candela González.
- Jefe del grupo de ganadería, Eduardo Quijada Pérez.
- Jefe del grupo de la vid y bebidas alcohólicas, Nolasco García Gómez.
Luego, figuraban los tres procuradores de los diferentes estamentos, propietarios, arrendatarios y aparceros, y braceros. Por último siete vocales en representación del cabildo9.
Resalta también el personal que ocupó las plazas de policía o guardería rural, que sirvió para vigilar que se respetaran los derechos de la propiedad, y se mantuviese el orden. Entre las características que era preciso reunir para formar parte de este cuerpo figuran:
- Ser español.
- Ser militante de F.E.T. y de las J.O.N.S.
- Saber leer y escribir.
- Carecer de antecedentes penales.
- Tener 23 años cumplidos y menos de 60.
- No padecer defecto físico que imposibilite el ejercicio de sus funciones ni padecer enfermedad contagiosa.
- Haber cumplido el servicio militar.
- Ser informado favorablemente por la Guardia Civil.
También será significativo resaltar la influencia de la Iglesia y su doctrina en el seno de estas instituciones, en la línea más ortodoxa que, el régimen del General Franco, encontró en ella como legitimadora de su actuación, incluso en los momentos más comprometidos de su existencia.
El ejemplo más palpable lo podemos ver en las charlas que se organizaban sobre temas sociales por el Arcipreste de Albacete:
- para empresarios: «El patrono y el rico en sus aspectos y deberes sociales», «Lo que dice la moral acerca del estraperlo».
- para obreros: «¿Quién lleva razón en la lucha social: el capital o el trabajo?», «¿Cuál es el mejor sistema: el comunismo o el cristianismo?», «La doctrina de la Iglesia acerca de la elevación del proletariado».
Creemos haber cumplido con los objetivos que nos marcamos en un principio, y aunque en un trabajo de estas características, eminentemente divulgativo, no sería factible una mayor profundización, sí esperamos haber planteado una serie de dudas o inquietudes que despierten debates o interrogantes sobre la temática. No somos ajenos a las dificultades que el sindicalismo agrario plantea incluso en sistemas políticos democráticos como el actual, por la propia naturaleza del mismo. Pero las condiciones en que se impuso la organización sindical vertical, como obligatoria, y sin ninguna opción al pluralismo representativo, se mueven dentro de unas coordenadas que merecen por sí mismas una atención especial.
1 La memoria de licenciatura presentada y leída en el departamento de Historia de la Universidad de Murcia, «Las Hermandades de Labradores y Ganaderos. Un caso para el estudio de la demagogia franquista y sus instituciones. Albacete 1943-1977», espero que sea publicada por el Instituto de Estudios Albacetenses, donde se encuentra para su aprobación.
2 La documentación que he manejado se encuentra, en su mayoría en el Archivo Histórico Provincial de Albacete. Pertenece a su sección de sindicatos. En este caso corresponde a su caja número 71.
3 Eduardo Moyano Estrada: «Bibliografía. El caso español», en Agricultura y Sociedad. Número 31, abril-junio de 1984. Pág. 265-269.
4 Miguel Ángel Aparicio: El sindicalismo vertical y la formación del Estado franquista. Eunivar, Barcelona, 1980. Pág. 194.
5 María Encarna Nicolás Marín: Instituciones murcianas en el franquismo. 1939-1962. Editora regional murciana. Murcia, 1982.
6 A.H.P.A. Sección sindicatos. Caja 1512. Año 1959, Instituto Nacional de Colonización.
7 A.H.P.A. Sección sindicatos. Caja 1602. Diego Ciller Montoya.
8 A.H.P.A. Sección sindicatos. Caja 1512.
9 A.H.P.A. Sección sindicatos. Caja 34.